En el desplome del Colegio Rébsamen el 19 de septiembre de 2017 hubo actos que deben ser investigados como corrupción, además de negligencia de las autoridades; como consecuencia la escuela colapsó y murieron 26 personas y 23 más resultaron lesionadas, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

«Esta Comisión Nacional identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción»

La Comisión encontró actos de corrupción de funcionarios de la delegación Tlalpan, donde pidió revisar toda la cadena de mando, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del gobierno de la Ciudad de México que otorgaron autorización para construir un cuarto piso, para operar sin usos de suelo, y sin Programa Interno de Protección Civil.

«Esta Comisión Nacional identificó diversos indicios que deberán ser investigados como actos de corrupción», aseguró.

La CNDH analizó si con la acción de los dueños del colegio y la anuencia o tolerancia de autoridades públicas se propiciaron condiciones físicas para que la intensidad del sismo tuviera mayor repercusión, y si la afectación del sismo pudo ser menos agresiva de haberse cumplido las disposiciones y normas para que el Rébsamen operara y funcionara.

Las irregularidades que encontró fueron el uso de dos o más predios sin el registro y su ilegal fusión ante el Registro Público; la construcción de un cuarto nivel en el edificio principal, cuando lo permitido en esa zona es hasta tres niveles; la omisión de clausurar y demoler el cuarto nivel; el funcionamiento y operación como escuela con base en un documento al parecer apócrifo; las visitas de verificación tanto para la construcción como para la impartición de clases.

«Todos estos elementos, en conjunto con la inobservancia de la normatividad en materia de construcciones fueron analizados y se determinó que contribuyeron a que el plantel estuviera vulnerable y colapsara con los sismos».

Pidió investigar a toda la cadena de mando de la delegación Tlalpan, donde la hoy jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo era delegada cuando ocurrió la tragedia, porque el colegio debió haber sido clausurado. Acusó a la SEP de «esparcir rumores sin sustento» sobre la supuesta niña Frida Sofía, de no haber verificado ni avisado de las irregularidades y de permitir que el Colegio operara sin contar con autorizaciones.

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