La justicia chilena condenó este miércoles a seis oficiales en retiro del Ejército chileno por su responsabilidad en la muerte del diplomático español Carmelo Soria,ex funcionario de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La condena fue emitida por el juez especial Lamberto Cisternas y recayó sobre seis ex oficiales del Ejército de Chile, que formaron parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política que operó en los primeros años del régimen de Pinochet (1973-1990).

El español, de acuerdo a la resolución judicial comunicada este miércoles por el Poder Judicial, fue detenido el 14 de julio de 1976 y trasladado hasta una casa de seguridad, donde fue “sometido a interrogatorios y apremios físicos”.

Posteriormente, Carmelo Soria, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, “los autores, buscando la impunidad del delito, simularon un desbarrancamiento” en su propio automóvil, “culpabilizando a la víctima, además,  previamente lo forzaron a un estado de ebriedad”, según describe la resolución judicial.

El juez condenó a los ex agentes de la DINA, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Jaime Lepe Orellana y Juan Morales Salgado, a penas de seis años de presidio en su calidad de coautores del delito de homicidio calificado.

Mientras el ex fiscal militar Sergio Cea fue condenado a 600 días de presidio por “falsificación de instrumento público”, y el ex general en retiro Eugenio Covarrubias, a cuatro años por sus declaraciones falsas en el proceso.

En la resolución, el juez Cisterna decretó la absolución de René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé por no haber participado en el delito de homicidio, y de Guillermo Salinas Torres porque ya fue juzgado por este caso.

Al momento de su muerte, Carmelo Soria trabajaba como Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía (Celade), organismo perteneciente a la Comisión Económica para América Latina (Cepal, un organismo técnico de las Naciones Unidas con sede en Santiago).

Militante del Partido Comunista español, se exilió en Chile en 1971 y tras instaurarse la dictadura, el 11 de septiembre de 1973, utilizó su inmunidad diplomática de funcionario de la ONU para ayudar a varias personas a exiliarse en distintas embajadas en Santiago, convirtiéndose en una amenaza para el régimen de Pinochet.

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